El presidente de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI), Oscar Paz Gutiérrez, señaló que para proseguir con las inversiones del sector inmobiliario es fundamental que el Gobierno proponga reglas claras.
El aumento de los costos de construcción, la menor disponibilidad de divisas y las dificultades para acceder a financiamiento obligan al sector inmobiliario a replantear sus proyectos, aunque los desarrolladores aseguran que mantienen su apuesta por Bolivia y reclaman mayor previsibilidad para sostener las inversiones.
En una entrevista que la CBDI difundió a través de sus canales de comunicación, Paz dijo que que los costos de construcción acumulan un incremento superior al 50% desde diciembre de 2023.
Este escenario –según él– llevó a las empresas a revisar presupuestos, cronogramas y mecanismos de financiamiento, en un momento marcado además por la transición hacia un nuevo esquema de tipo de cambio oficial flexible.
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Inversión
“El sector ha demostrado históricamente su capacidad de adaptación y estamos convencidos de que seguirá siendo un actor estratégico para la recuperación y el crecimiento económico”, afirmó Paz.
El empresario explicó que la menor disponibilidad de dólares, las dificultades para importar algunos insumos y el encarecimiento de los materiales modificaron las condiciones bajo las cuales las empresas planificaban sus proyectos. Sin embargo, sostuvo que el sector no abandonó la inversión, sino que comenzó a priorizar una gestión más eficiente de los recursos y modelos comerciales con mayor flexibilidad.
Confianza
Para Paz, más allá de los costos, el principal desafío pasa por recuperar y preservar la confianza. La inversión inmobiliaria requiere plazos largos y, por tanto, necesita estabilidad económica, seguridad jurídica y reglas claras que permitan a las empresas proyectar sus inversiones.
“Hoy el país necesita generar confianza. Ello implica fortalecer la seguridad jurídica, garantizar reglas claras, ampliar el acceso al financiamiento para las familias y promover una coordinación permanente entre el sector público y privado”, sostuvo.
La CBDI considera que esta etapa de transición puede abrir espacio para una nueva política nacional de vivienda que facilite el acceso a soluciones habitacionales, incentive la inversión formal y ayude a reducir el déficit habitacional.
El sector también comenzó a modificar el tipo de proyectos que desarrolla. Paz destacó una mayor orientación hacia viviendas accesibles, proyectos de uso mixto, urbanizaciones planificadas y construcciones que incorporan criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.
A esta transformación se suma el uso de herramientas digitales, análisis de datos y nuevas tecnologías para reducir costos, optimizar tiempos y mejorar la planificación. Para los desarrolladores, la innovación dejó de ser solo una ventaja competitiva y se convirtió en una herramienta para enfrentar el nuevo escenario económico.
Construcción
Paz defendió el papel de la construcción privada como uno de los sectores con mayor capacidad para mover la economía. Según los datos proporcionados por la CBDI, la actividad genera más de 130.000 empleos directos y alrededor de 300.000 indirectos, además de movilizar a más de 40 actividades económicas vinculadas a su cadena productiva.
Cada proyecto inmobiliario, explicó, moviliza inversión privada, empleo, recaudación tributaria y demanda de bienes y servicios. Por ello, considera que las políticas destinadas a reactivar la construcción pueden generar efectos que trascienden al propio sector.
“La vivienda debe entenderse como una política de desarrollo económico y social”, afirmó.
En ese marco, la CBDI plantea una mayor coordinación entre el Estado y las empresas privadas para ampliar el acceso al financiamiento, impulsar proyectos urbanos sostenibles y generar condiciones que permitan atender la demanda habitacional.
Paz mantiene una perspectiva favorable sobre el futuro del mercado inmobiliario debido a la demanda de vivienda y al potencial de crecimiento urbano del país. Considera que, si Bolivia recupera previsibilidad y fortalece la seguridad jurídica, los desarrolladores podrán ampliar nuevamente sus inversiones.
“Los desarrolladores inmobiliarios seguirán apostando por Bolivia, generando empleo, inversión y desarrollo”, afirmó.
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