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EspañolEl abogado y presidente de Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), conocido en los despachos jurídicos y en los pasillos de la RFEF como “Querellator”, está de parte del Oviedo. Miguel Galán analiza la resolución del Comité Nacional de Segunda Instancia que ha dejado al Oviedo sin los tres puntos de Vallecas. En su haber figuran caídas de figuras tan poderosas como Ángel María Villar y Luis Rubiales, expresidentes de la Federación Española de Fútbol. Ahora, apunta a Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Rafael Louzán, actual presidente de la Española.
Para Galán, el origen del conflicto es claro: el Rayo Vallecano cambió el césped de su estadio en la misma semana del partido, un césped que, a su juicio, no había tenido tiempo de enraizar. Las lluvias sobre Madrid hicieron el resto. "El Rayo habló con su amigo Tebas", afirma el abogado sin rodeos, señalando la relación personal y política entre Raúl Martín Presa, presidente del conjunto de La Franja, y el presidente de LaLiga. Según Galán, la solución fue rápida: LaLiga suspendió el partido amparándose en la sentencia de la Audiencia Nacional de diciembre de 2024, que reconoce a la entidad organizadora competencias sobre los horarios. La alternativa reglamentaria, buscar un campo alternativo, quedó, según el jurista, descartada porque la ciudad deportiva del Rayo no reunía condiciones para acoger un partido de Primera División, y era precisamente el campo número 4 del complejo deportivo de la franja el que el Rayo tiene señalado como “opción 2”, aunque las instalaciones no cumplen con la normativa.
Un partido jurídico con marcador de empate
Galán describe lo sucedido inmediatamente después en términos futbolísticos. "El partido iba ganándolo 0-1 el Oviedo", dice en referencia a la decisión del Juez Único de Competición. El abogado del club asturiano, Miguel García Caba, a quien Galán califica de "brillante", interpuso un recurso bien fundamentado ante el Juez Único de Competición, "un díscolo", que dio la razón al Oviedo: la competencia para suspender un partido correspondía a la Federación, no a LaLiga. Pero la patronal y el Rayo recurrieron. El Comité Nacional de Segunda Instancia anuló la resolución sin entrar en el fondo del asunto, declarando que la Federación carece de competencia para revisar decisiones de LaLiga. "Ahora es un empate a uno", resume Galán. "Quien tiene que desempatar es la jurisdicción civil”, añade.
El paso siguiente, según el abogado, pasa por una demanda impugnatoria ante los juzgados civiles y la solicitud de medidas cautelarísimas para lograr la suspensión del partido fijado para el 4 de marzo, aunque desde el Oviedo no lo tienen claro. El club azul considera que pedir medidas cautelares podría perjudicar los intereses del equipo esta temporada, ya que si se aceptase la cautelar los carbayones no podrían contar con esos tres puntos hasta que se resolviera el asunto en los despachos. Algo que seguramente no se aclararía esta temporada, con lo que hipotéticamente el Oviedo estaría virtualmente con -3 puntos, un enorme tesoro en su actual posición clasificatoria.
El juez tendría un plazo de tres días para resolver las medidas cautelares. Si las concede, el encuentro no se disputaría hasta que la justicia ordinaria se pronuncie sobre el fondo. Es decir, qué institución tiene realmente la potestad de suspender partidos de Primera División: si LaLiga o la Federación.
El tiempo, el gran aliado de LaLiga
Galán no oculta que los plazos judiciales juegan en contra del Oviedo. Una resolución definitiva podría tardar meses o incluso años. "Se acaba la liga y no hay resolución", reconoce. En el peor escenario para los intereses oviedistas (el descenso a final de temporada), los tres puntos de Vallecas podrían carecer de utilidad práctica inmediata. Sin embargo, el jurista recuerda que existen precedentes: si una sentencia favorable llegara tarde, el club podría solicitar su reincorporación a Primera ampliando el número de equipos, como "ya pasó con el Sevilla y el Celta", o reclamar una indemnización millonaria por los daños derivados del descenso. Esto se daría en el caso de que el Oviedo se quedase a uno, dos o tres puntos de la salvación. Aunque claro, todo esto queda supeditado a la decisión que tomase Tebas entonces, por lo que el Oviedo sigue estudiando bien qué medida tomar ahora. “Hemos hecho lo que teníamos que hacer, defender este escudo. Ganamos la primera instancia y ahora salió la resolución. En estos momentos estamos evaluando si iremos a la justicia ordinaria. Estamos evaluando todo, también pedir la cautelarísima de cara al partido de la semana que viene”, dijo hoy Martín Peláez.
La parte más contundente del análisis de Galán apunta directamente a la cúpula del fútbol español. A su juicio, la discrepancia entre el Juez Único y el Comité Nacional de Segunda Instancia dentro de la propia RFEF no tiene explicación técnica. "Es una resolución política", sentencia. El motivo, siempre según Galán, es que Javier Tebas ocupa la presidencia de LaLiga, es vicepresidente de la Federación y tiene fuertes lazos con Louzán, lo que a sus ojos constituye un claro conflicto de intereses. "El presidente de la Federación se ha tirado a los brazos de Tebas", añade sobre Louzán, quien habría optado por “alinearse con LaLiga en lugar de defender las competencias propias de la institución que preside”.
Pese a todo, Galán es tajante sobre dónde sitúa la razón en este conflicto. "Bajo mi punto de vista, la tiene el Oviedo. Y el juez de primera instancia ha coincidido con mis argumentos". La sentencia de diciembre de 2024, explica, reconoce a LaLiga competencias para fijar el horario de un partido ya suspendido, no para acordar su suspensión. Y aunque se aceptara la interpretación contraria, esa misma sentencia no priva a la Federación de sus potestades disciplinarias y sancionadoras, que le corresponden por ley. Eso, precisamente, es lo que deberá dilucidar la justicia ordinaria.